Dado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 8 de noviembre de 2017 trata el «coste» de los contratos de un modo muy genérico, remitiéndose para su determinación ?aunque sin mencionarlo explícitamente? a la Teoría Contable, es preciso descender a lo concreto y específico para poder abordar las exigencias que en materia del «coste» aquélla impone. Dichas exigencias derivan principalmente de los artículos 100 y 101 referidos al presupuesto base de licitación y valor estimado de los contratos; del artículo 102.7 que se configura como el precepto fundamental para determinar el precio de los contratos públicos con base en el coste y del artículo 148 que define, someramente, los elementos del «coste del ciclo de vida».
