El simple hecho de actualizar el material normativo incluido en esta obra justifica que anualmente se renueve su contenido. Pero, si además de las necesidades habituales de renovación atendemos al hecho de que en los últimos meses se han producido importantes movimientos normativos, resulta evidente que era necesario una nueva edición y no mera reimpresión de este obra. De entrada, a finales del pasado año, fue publicada la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social; además, a principios de este año se ha generado una reforma legal de enorme calado: la introducida por el Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Si ya la reforma de 2010 había supuesto un giro importantísimo en la normativa laboral, este Real Decreto-Ley ha supuesto la aceleración hacia un ordenamiento laboral sometido a dosis de flexibilidad jamás conocidas en nuestro país. Además, supone no sólo un cambio de orientación en la normativa laboral, sino un gran giro en términos del conjunto de normas afectadas, pues concierne al derecho sustantivo laboral y, dentro del mismo, al ámbito individual y colectivo, a la política de empleo, al derecho procesal, a la normativa de Seguridad Social e, incluso, a la regulación sobre infracciones y sanciones. Esta reforma se ha visto posteriormente reiterada por la homónima Ley 3/2012, de 6 de julio; ahora bien, esta Ley no se ha limitado simplemente a trasladar el anterior Real Decreto-Ley a una norma legal ordinaria, sino que ha introducido todo un nuevo y complejo conjunto de modificaciones normativas. Por último, apenas unos días después de esta Ley, se ha publicado el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Esta última norma ha supuesto la introducción de nuevas reformas, que han afectado sobre todo al ámbito de la política de empleo y de la Seguridad Social.
