En pocas materias se han producido tantos procesos como en la de responsabilidad patrimonial de la Administración pública. La amplitud con que se reconoce la responsabilidad objetiva de las distintas Administraciones públicas en el ordenamiento jurídico español ha dado lugar a una jurisprudencia en general prudente, que no tuvo más remedio que acabar por proyectar en sus decisiones sus preceptos.
Esta obra ha tratado desde un principio facilitar aquella tarea. Por eso es un trabajo elaborado sobre la jurisprudencia, y estructurado en un sistema que permita el más fácil acceso al tratamiento que en ella se da a la cuestión que en cada caso plantea.
Aunque la edición anterior apareció tan solo hace poco más de un año resultaba imprescindible, no solo para seguir teniendo actualizada la jurisprudencia, sino por haber sufrido una nueva regulación desafortunada.
A la regulación contenida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común le han sucedido dos, del 1 de octubre de 2015: la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. El régimen de la responsabilidad patrimonial se encuentra en esta última, si bien es necesario acudir a la primera.
